Un programa por la Tierra. Demandas para un futuro sostenible

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Documento consensuado y divulgado en España para la campaña electoral del 20D por las organizaciones siguientes:

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Amigos de la Tierra, Ecologistas en  Acción, Greenpeace, SEO/ Birdlife y WWF

Para las organizaciones ambientales y ecologistas es fundamental situar la justicia ambiental y social en el cen­tro de las políticas gubernamentales. El Estado español, en todas sus iniciativas, tanto internas como hacia el exterior junto con sus socios comunitarios o en otros ámbitos internacionales, debe plantear y defender un nuevo paradigma de relaciones internacionales y comerciales, primando principios como la sostenibilidad ambiental, la igualdad de género, la cooperación, el respeto a los derechos humanos, la participación pública y la democracia. En particular, con la vista puesta en la próxima legislatura, algunas de las demandas que se consideran irrenuncia­bles para avanzar en este camino desde el Gobierno central, son:

 

FACILITAR LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

  1. Crear una Vicepresidencia de Sostenibilidad y Ministerio de Medio Ambiente que coordine las polí­ticas del Gobierno con fuerte impacto ambiental (trans­porte, energía, industria, agricultura, pesca, alimenta­ción, turismo…) y de gestión de recursos (aire, agua, suelo, bosques, biodiversidad…) con las políticas de economía y empleo para promover un modelo de desa­rrollo que tenga en cuenta los límites del planeta.
  2. Reforzar la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo y dotarla de más medios y un presupuesto superior para perseguir estos delitos. Además pedimos que el SEPRONA sea reforzado pre­supuestariamente con un incremento significativo de recursos humanos y materiales.
  3. Reconocer y reforzar el papel de las organiza­ciones ambientales para el cumplimiento del artículo 45 de la Constitución, garantizando su presencia en to­dos los consejos consultivos con implicación ambiental, y en particular asegurar una representación adecuada en el Consejo Económico y Social. Además pedimos una Ley del Tercer Sector de Acción Medioambiental que reconozca el papel vital de estas organizaciones.
  4. Establecer una Ley de Fiscalidad Ambiental que redistribuya la carga fiscal, primando las buenas prácti­cas que promuevan el ahorro, la restauración ambiental y la creación de empleo ligado al medio ambiente, al tiem­po que se desplaza la carga fiscal desde el trabajo ha­cia la contaminación y el consumo de recursos. Eliminar todos los subsidios perversos para el medio ambiente.

 

CALIDAD DE VIDA

  1. Poner en marcha un plan ambicioso de mejora de la calidad del aire de ámbito estatal, con financia­ción adecuada, y presionar a las comunidades autó­nomas y municipios para que elaboren unos Planes de Acción de Reducción de la Contaminación que real­mente mejoren la calidad del aire. Reducir a cero an­tes de 2019 el porcentaje de la población que respira aire contaminado según los valores límite fijados por la legislación europea (frente al 33% en 2014). Realizar controles efectivos sobre las emisiones de los auto­móviles.
  2. Prohibir de manera urgente el Bisfenol-A y otros disruptores endocrinos en alimentos y en artículos y productos de uso infantil. Reducir la exposición de la población, sobre todo la más vulnerable, y del medio ambiente a los contaminantes químicos más preocu­pantes mediante la elaboración y puesta en marcha del Plan Nacional de Salud Ambiental; la prohibición de la exposición de trabajadoras embarazadas a estas sus­tancias; y la actualización y cumplimiento de la norma­tiva ambiental.
  3. Prohibir el uso y abuso de animales con fines lú­dicos o publicitarios a través de una Ley de Protec­ción Animal, que además favorezca la adopción de animales domésticos abandonados tipificando sancio­nes ejemplarizantes en el caso de abandono, venta ile­gal o maltrato de animales. También debería prohibir las actividades cinegéticas más crueles.

 

NUEVO MODELO ENERGÉTICO

  1. Aprobar una Ley de Cambio Climático que re­gule de forma previsible, coherente y estable las po­líticas que afectan al clima y que incorpore objetivos ambiciosos para 2030 con una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55% como mínimo, una generación con energías renovables al menos del 45% y del 40% de reducción en el consumo de energía respecto a 1990.
  2. Realizar una auditoría energética de los costes reales del sistema como primer paso para poner en marcha una nueva política energética coherente que impulse el ahorro y la eficiencia energética, la produc­ción descentralizada de energía renovable eliminando las subvenciones a los combustibles fósiles y acome­tiendo el cierre de las centrales nucleares tras 30 años de funcionamiento. Apoyar a la ciudadanía en situación de pobreza energética. Reforma de la Ley del Sistema Eléctrico para eliminar trabas al autoconsumo de ener­gía renovable.
  3. Aprobar una Ley de Movilidad Sostenible, que ponga el énfasis en la reducción de la necesidad de movilidad, la gestión de los servicios, la mejora de la accesibilidad, el establecimiento de una fiscalidad con criterios ecológicos de los diversos medios de transpor­te, que permita una financiación adecuada de los trans­portes públicos. Abandonar los planes de infraestructu­ras sin correspondencia con la demanda, como el PITVI.

 

NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS

  1. No construir más embalses ni trasvases y mo­dificar la Ley de Aguas para reducir las demandas, garantizar caudales ambientales para conservar los ríos, poner en valor los bienes y servicios que aportan los ecosistemas acuáticos como la depuración de las aguas o el control de las inundaciones y asegurar la recuperación de costes en el precio del agua.
  2. Rediseñar una política agroalimentaria respe­tuosa con el medio ambiente, sin subsidios perver­sos, que prohíba los cultivos transgénicos y asegure la conservación del paisaje y rentas dignas en el campo. Priorizar estos fines en las iniciativas del Gobierno en I+D+i y bioeconomía y reactivar la ley para el desarrollo sostenible del medio rural. Para 2020 alcanzar el 30% de la superficie agraria bajo producción agroecológica; lograr un incremento del 30% del consumo interno de productos ecológicos locales; y reducir el uso de fitosa­nitarios de síntesis en un 30%, empezando por prohibir los de mayor riesgo.
  3. No dar ni un paso atrás en la política de tole­rancia cero contra la pesca ilegal —IUU— y definir la figura jurídica que permita el desarrollo de la co-ges­tión de las pesquerías incluyendo a todos los actores interesados (pescadores, ONG, científicos, administra­ción…), para promover la pesca sostenible y aplicar co­rrectamente la Política Pesquera Común.
  4. Apoyar a escala europea una política de Eco­nomía Circular ambiciosa que garantice una reduc­ción del uso de recursos naturales por nuestra econo­mía. Poner en marcha políticas efectivas de gestión de residuos que tienda hacia el residuo cero: reducción de residuos, separación selectiva de la materia orgá­nica para compostaje y puesta en marcha de nuevos modelos de recogida, como el puerta a puerta y los sistemas de devolución, depósito y retorno.
  5. Dotar económicamente el Fondo para la Conser­vación de la Biodiversidad para garantizar el cumpli­miento del Plan Estratégico para el Patrimonio Na­tural que frene y revierta la pérdida de la biodiversidad y asegure la plena aplicación de las directivas europeas y su integración con el resto de políticas, aprobando planes sectoriales para la conservación de la biodiver­sidad. Completar la red de Parques Nacionales con la inclusión de los ecosistemas no representados.
  6. Derogar la modificación de la Ley de Costas para asegurar la conservación de los ecosistemas cos­teros amenazados, para que no se reconozcan encla­ves privados en el dominio-público marítimo terrestre, se eliminen las concesiones incompatibles con su con­servación y se favorezca la adaptación de la costa al cambio climático.
  7. Rechazar explícitamente el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y los meca­nismos asociados para salvaguardar los derechos de las personas y el planeta frente a los intereses de las multinacionales. Igualmente debe rechazarse el tratado de libre comercio con Canadá, el CETA. Esta postura se debe defender en el debate europeo.

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