alegaciones a los presupuestos
Alegaciones a los presupuestos.
Hay que señalar una partida finalista de 6 millones de euros para desarrollar la Zona de Bajas Emisiones este año por imperativo legal
· Las Zonas de Bajas Emisiones derivadas de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes como es el caso de Melilla a disponer de al menos una ZBE “antes de 2023”.
· La Zona de Bajas Emisiones debe venir acompañada de un reglamento que garantice el derecho a la calida del aire de las personas de Melilla y que sancione las infracciones por entrar
Las Zonas de Bajas Emisiones se aprobaron para garantizar en toda Europa el derecho de las personas a respirar aire sano y consisten en la limitación de los vehículos a motor más contaminantes en zonas de tráfico restringuido. En Melilla al poseer un parque móvil muy envejecido la mayoría de los vehículos a motor no pondrán transitar por las calles del interior de la Zona de Bajas Emisiones, que puede ser más de una y que coinciden con las zonas céntricas donde se acumula el tráfico.
Por tanto, a lo largo del año 2022, y hasta el 31 de diciembre deberán ponerse en marcha en Melilla la ZBE al menos en el centro de la ciudad.
En realidad, la mejora de la calidad del aire como derecho ciudadano es anterior a la Ley 7/2021, ya que existen obligaciones legales de los municipios y CCAA derivadas de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera y del Real Decreto 102/2011 de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire o el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, que otorga a los municipios la capacidad de restringiur el tráfico.
No existe en Melilla ningún reglamento que proteja a la ciudadanía de la mala calidad del aire. No existe información en tiempo real de los días en que las partículas PM10 y PM2.5 superan los niveles máximos y que se conoce por mediciones fragmentarias realizadas en Melilla con equipos móviles.
Esos días de mala calidad del aire acreditados en los últimos años incluso con reducción del tráfico debido a la pandemia provocan la indefensión de la población especialmente por la confluencia de eventos de polvo sahariano que sumado a la contaminación provocada por la presencia de una central diésel y de una incineradora en el centro de la ciudad y del tráfico rodado.
Si se tiene en cuenta el consumo de combustible en la ciudad en los últimos años se han recuperado los niveles prepandemia.
La consejería de Medio Ambiente y sostenibilidad en su declaración de interés dirigida en marzo al ministerio de transportes movilidad y agenda urbana sobre acciones en
defensa de la movilidad sostenible estimó en 6 millones de euros el gasto de crear en Melilla una ZBE, sin contar el contrato de asesoría técnica para redactar el proyecto de ZBE.
No se ha solicitado hasta el momento al Estado ninguna ayuda para el desarrollo de la ZBE de Melilla que debe funcionar obligatoriamente a final de año. Por ello debe incluirse una partida finalista de 6 millones de euros para el desarrollo de la ZBE en Melilla a costa del presupuesto de la ciudad al tiempo que se contrata la asesoría técnica para la definición de la ZBE y la redacc ión del presupuesto.
Igualmente deberá desarrollarse un reglamento que garantice el derecho a la calidad del aire de la ciudadanía y la regulación de la Zona de Bajas Emisiones que deberá incluir las sanciones a su incumplimiento.
El actual proyecto de reglamento de movilidad no regula la Zona de Bajas Emisiones ni tampoco las modalidades de aparcamientos rotatorios previstos en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible por lo que en el caso de aprobarse como está actualmente deberá ser sustituido este mismo año por un reglamento nuevo que incluya la regulación de la ZBE.
Por lo que proponemos
Incluir una partida finalista para la redacción de un proyecto de ZBE en Melilla, la redacción de la nueva normativa que la ampara y una partida de 6 millones de euros para su ejecución a lo largo del año 2022.
Guelaya presentó sus alegaciones a los presupuestos de la Ciudad Autónoma 2022
· Los ecologistas consideran inaceptable que haya gastos que se hayan reducido desde 2020 a 2022 más de un 50% con un aumento del presupuesto global de la Consejería de 14 millones en el mismo periodo.
· Las alegaciones se fundamentan en el articulo 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo de Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
· Guelaya sigue creyendo que los brotes verdes no son el problema sino la solución
Guelaya presentó la semana pasada en el registro electrónico sus alegaciones que tienen que ver con 7 bloques de necesidades ambientales no cubiertas a juicio de los ecologistas en los presupuestos 2022. Presentamos aquí el primer bloque.
El presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente y sostenibilidad ha pasado de ser de 48.7 millones de euros en 2020 a 62.8 euros en 2022. En dos años ha aumentado en 14.127.836,18 euros, un 22.5%, que tienen su origen en las aportaciones del Estado.
El presupuesto, como han anunciado sus responsables, aumenta en inversiones, lo cual es una buena noticia, pero ese aumento no puede justificar que partidas económicas con cuantías planificadas en 2020 para gestión del medio ambiente en dos años hayan disminuido los gastos previstos un 50% o incluso mucho más porque las competencias de la consejería no se han modificado. Por ejemplo:
· Gestión del PMUS de 60.000 a 45.000 y en 2022 reducido a 40.000. Solo la organización de las actividades de la Semana europea de la movilidad precisa de esa cantidad, por lo que la gestión del PMUS sería prácticamente nula con esa partida.
· Convenio UGR de 40.000 a 20.000 y en 2022 se mantiene en 20.000.
· Subvenciones ONGs protección naturaleza de 50.000 a 25.000 y en 2022 reducido a 5.000. Se acaban de anunciar las Bases para la convocatoria competitiva de este concepto. Se admiten para un mismo solicitante subvenciones peticiones de hasta 10.000 euros pero se presupuestan 5.000 para todas las entidades y todo el año. Se está faltando al respeto a las entidades sin ánimo de lucro que quieran presentar solicitudes.
· Sensibilización y concienciación ambiental. De 60.000 a 30.000 y en 2022 reducido a 5.000. Solo en el mes de diciembre de 2021 se anunció una campaña informativa de concienciación de 75.000 euros por lo que no será posible con 5.000 euros atender a este concepto que está claramente infravalorado.
· Medio ambiente natural Red natura 2000 de 80.000 a 40.000 y en 2022 a 10.000. No es posible gestionar la Red Natura 2000 de Melilla, con dos Zonas de Especial Conservación en el territorio con 10.000 euros teniendo en cuenta
que todavía no se han desarrollado los planes de ordenación de ambas ZEC aprobadas en Consejo de Gobierno y tampoco se ha creado la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).
Estas partidas fueron valoradas con más del doble de dinero por parte de la propia Consejería en 2020 y en algunos casos no se llegaron a ejecutar por las modificaciones provocadas por la pandemia de COVID-19 ni en 2020 ni en 2021.
¿Qué ha cambiado en estos dos años para que el criterio de 2020 se modifique en 2022 y se renuncie a la gestión ambiental en esas partidas?
Desde el punto de vista técnico, las necesidades de campañas de concienciación y sensibilización ciudadana siguen siendo necesarias. Las necesidades de subvención de las entidades sin ánimo de lucro para el medio ambiente siguen siendo las mismas ya que nunca han recibido subvenciones de convocatorias competitivas de esta Consejería.
Tras el cierre de la frontera de Marruecos la presión del uso de la Red Natura 2000 ha aumentado significativamente en los dos últimos años. No se ha aprobado ni un solo plan de conservación de especies protegidas por lo que la necesidad de asesoramiento de estudios e informes sobre especies y hábitat sigue existiendo.
El aumento de la evolución del consumo de combustibles tras el periodo de confinamiento de la pandemia demuestra que no ha disminuido el uso y abuso del coche privado por lo que es más necesario que nunca promover la movilidad sostenible. La Consejería ni siquiera ha respondido a la petición de asumir un seguro de unos cientos de euros para la organización de pedaladas.
Desde el punto de vista político, las decisiones presupuestarias demuestran la falta de voluntad política y el abandono del medio ambiente a su suerte, en favor de una actitud faraónica de obras de cemento y hormigón.
Y por ello instamos al Gobierno de la Ciudad a que se mantengan en estos concepto de gasto de gestión del medio ambiente las cantidades presupuestadas en 2020 a costa de las partidas de inversiones que se han aumentado en 14 millones de euros millones de euros, lo que significa una merma de unos pocos miles de euros de menos para las inversiones y de más para la gestión
Guelaya presentará propuestas a los presupuestos 2020 de la ciudad
- La asociación espera que por la vía de la participación consiga más objetivos medioambientales que por la presentación de alegaciones tras la aprobación de los presupuestos en el Pleno que ya realizó en 2018 y 2019.
Durante los dos últimos años Guelaya ha venido presentando alegaciones a los presupuestos de la ciudad justificadas por la ausencia de compromiso presupuestario en Melilla de determinadas demandas legales que tenían que ver con la conservación del patrimonio natural de la ciudad.
Esa situación de ausencia de inversiones en el medio ambiente no solo han tenido como consecuencia la falta de empleo verde, sino que tras 7 años de redactar un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Melilla y Gestión de los Espacios Naturales (PORNG) no se haya desarrollado absolutamente ninguna herramienta que permita gestionar adecuadamente, de acuerdo con algún tipo de norma, proteger y conservar de forma efectiva el patrimonio natural de Melilla o al menos, los hábitats, especies y espacios que la legislación europea obliga a conservar.
Por eso a los ecologistas nos sigue escandalizando que la retirada de basuras de espacios protegidos se tenga que hacer por personas voluntarias, que se siga haciendo botellón en espacios protegidos o que los vehículos sigan transitando por estos espacios sin que la administración anterior consiguiera evitarlo o al menos lo intentara.
- La conservación de la biodiversidad debe ocupar un lugar central en el presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
Si se busca en el presupuesto de medio ambiente de la ciudad una partida presupuestaria que tenga relación directa con la gestión solo se encontrarán cajones de sastre donde bajo el concepto de “otras iniciativas” y referencias semejantes se incluyen algunos cientos de miles de euros en un presupuesto global de decenas de millones de euros.
Las conservación de la naturaleza no existe en el presupuesto, y Guelaya no puede admitir, por ejemplo, que un contrato de varios años para controlar gaviotas patiamarillas en el casco urbano sea la medida estrella.
Está bien que se controle la población de una especie de gaviota que molesta a los vecinos, pero no tiene sentido que se emplee 0 euros en las especies protegidas, incluyendo la gaviota de Audouin.
- La Ciudad deberá compensar la falta de desarrollo estatal en la última década del Convenio sobre Biodiversidad Biológica.
El 20 de agosto faltaba 500 días para que se cumpla el plazo aprobado por el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la UE de detener la pérdida de biodiversidad en 2020.
Ecologistas en Acción ha adelantado que España fracasará en este objetivo por no haber tenido voluntad política, no haber tomado medidas eficaces para detener la pérdida de biodiversidad y haber mostrado un escasísimo interés en la conservación de la naturaleza.
Melilla ya ha fracasado en el cumplimiento de sus objetivos sobre conservación de la biodiversidad, al igual que España lo ha hecho en el ámbito internacional. Solo queda una salida posible, invertir en el futuro considerando que vivimos una emergencia climática que obliga a considerar una emergencia la extinción de especies porque dependemos de ellas.
Como reconoce el Informe de Seguimiento del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de 2017 (elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica), de los 39 objetivos, cuatro han sido plenamente alcanzados, otros tres quedan cerca de su cumplimiento, y 24 objetivos han tenido avances pero no han sido cumplidos. Por último, ocho objetivos no han tenido avances que puedan considerarse significativos.
Con esta inacción, los diferentes gobiernos de España han puesto en riesgo el bienestar humano y buena parte de nuestra economía.
Un claro ejemplo de ello son las consecuencias sociales y económicas que supone la pérdida de las especies polinizadoras, en su mayor parte insectos. Sin esos polinizadores, los daños económicos en las actividades agrarias serían terribles, ya que en España alrededor del 70 % de los cultivos para consumo humano dependen de los insectos que desarrollan la polinización.
Además, estos polinizadores generan múltiples productos como miel, cera o medicamentos y contribuyen directamente a la producción de fibras como el algodón y el lino, o materiales de construcción como la madera. El servicio esencial que ofrecen los polinizadores en la oferta de alimentos se valora en más de 2.400 millones de euros para la agricultura española.
Guelaya Ecologistas en Acción Melilla 