Solidaridad y denuncia ante la ola de incendios del noroeste

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Guelaya Ecologistas en Acción denuncia las causas de los incendios en España y Portugal y se solidariza con las víctimas y  afectados por los incendios

 Que se investiguen los incendios, que los investigadores hagan su trabajo con independencia, que los culpables cumplan condena y que se indemnice a las víctimas y afectados.

 Ponemos en primer lugar a las personas, y por ello queremos enviar desde Melilla y desde Ecologistas en Acción como organización nacional nuestra solidaridad a las familias de las víctimas, y nuestro apoyo a los afectados, en Galicia, León, Asturias y Portugal.

Una vez más, las personas han tenido que salir a la calle para resolver sus problemas, en este caso apagar los fuegos, igual que antes salieron a limpiar la costa de chapapote. El noroeste  peninsular tendrá de nuestra parte todo el apoyo que le podamos dar.

 

Es necesario pensar tanto en las causas como en las consecuencias, para paliar daños y para que no vuelva a pasar

Desde el punto de vista de las consecuencias ambientales de la ola de incendios, Ecologistas en Acción trabaja para crear y apoyar iniciativas solidarias que tengan el objetivo de recuperar la biodiversidad perdida, los bosques quemados, y los recursos naturales que la gente explotaba de forma sostenible en las comunidades rurales.

 

Lo que ha pasado era de esperar

 Como demuestran los datos del último decenio (2001-2010), en el noroeste peninsular el 70,26% de los incendios son intencionados, mientras que en las regiones del mediterráneo, Canarias y comunidades interiores los porcentajes de incendios intencionados son del 31,41%, el 29,40% y el 29,43% respectivamente. Sin embargo, las administraciones no toman las medidas necesarias para evitar dicha intencionalidad. Este es precisamente uno de los grandes retos de las administraciones del noroeste peninsular: una revisión de su política forestal, una nueva política de desarrollo rural y hacer frente al cambio climático.

La regla 30/30/30 es clara. Las probabilidades de los grandes incendios forestales aumentan significativamente si la temperatura es igual o superior a 30º, la humedad relativa del aire es igual o inferior a 30%, y el viento es igual o superior a 30 Km/h. El cambio climático está aumentando la frecuencia de tener esas condiciones y los meses en los que se pueden dar estas condiciones han aumentado.

 

¿Cómo ha respondido la Administración ante el aumento de frecuencia de las condiciones 30/30/30 y ante la intencionalidad de los incendios del noroeste?

 El problema más grave ahora no es la recalificación del terreno quemado, que debería estar previsto antes del incendio, y que se debería realizar de forma excepcional (cosa que  comprobaremos en el futuro), sino la disminución de recursos humanos y materiales para apagar los fuegos que de forma inevitable van a seguir apareciendo regularmente, y con el cambio climático, durante más meses de riesgo alto al año.

En Galicia, los contratos de 436 brigadistas contraincendios de la temporada de verano de este año terminaron el 1 de octubre. El 11 de octubre tuvieron que contratarlos de nuevo. Sin embargo. Sin embargo, en Galicia y en Asturias no se han renovado los contratos de   1.116 bomberos forestales y brigadistas. La Xunta consideró que un efectivo de 5.600 brigadistas, más la Unidad militar de Emergencias, UME, eran suficientes, pero no lo han sido. Todos hemos visto a la gente de la calle  apagando incendios estos días.

Los presupuestos globales que la Xunta de Galicia dedica a la lucha contra incendios, según un informe de la Universidad de Vigo, en 2017 siguen siendo inferiores al presupuesto del año 2009. Ocho años después no hemos recuperado el nivel de financiación contraincendios que la crisis recortó.

En Castilla León se despidió al 70% del personal dedicado a las tareas de extinción por terminar la temporada de incendios antes del puente del Pilar, a pesar de que era conocida la situación del huracán Ophelia que lanzaría fuertes vientos sobre el noroeste de la península.

 

No todos perdemos con los incendios forestales. La corrupción gana con los incendios

 Veinte empresas aeronaúticas españolas, englobadas en la Asociación española de compañias aéreas (AECA) están siendo investigadas judicialmente en una causa en la que Ecologistas en Acción se ha personado y en la que se puede leer en las diligencias previas lo siguiente:

Queda “suficientemente acreditada la existencia de una organización, englobada en el conjunto de catorce empresas asociadas en AECA, que (…) alteraban el precio de los concursos públicos tanto en relación a aviones de ala fija como de helicópteros (en ambos casos aparatos contraincendios), tanto a nivel nacional como autonómico, para o bien dejar desiertos los concursos, a los efectos de incrementar el precio de licitación, o acudiendo en la mayor parte de los concursos tan solo una empresa, por el precio máximo de licitación y por ende, adjudicándoselo por dicho importe, o presentando varias ofertas, de las que previamente eran conocedoras cuál iba a ser la adjudicataria…”

La Audiencia Nacional cifra en 250 millones de euros la cantidad manipulada en 20 años. Esta es la conclusión a la que se llega si se estudian las investigaciones por corrupción en la adjudicación de contratos públicos de extinción de incendios realizadas en Valencia, Andalucía, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón.

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