Guelaya pide a la Consejería de Medio Ambiente que renueve la Autorización Ambiental Integrada de ENDESA y REMESA y aplique los límites de emisiones de gases contaminantes de la normativa actual.

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ENDESA y REMESA siguen teniendo caducada su Autorización Ambiental Integrada tras acordar la Consejería, en una reunión con Guelaya en junio de 2016,  una nueva regulación.

 

Guelaya califica de falta de voluntad política la protección del medio ambiente y de la salud pública que se ofrece a los melillenses desde la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente.

 

No puede ser de otra manera. Dos años esperando a resolver un problema de calidad del aire tras acordar una solución no pueden ser causalidad, sino abandono y falta de cumplimiento de lo hablado.

 

La calidad del aire parece que sigue en Melilla la política del avestruz, negar el problema, evitar tener datos para tomar decisiones, no medir la calidad del aire que respiramos ni controlar la emisión de contaminantes en las principales industrias que contaminan en Melilla.

 

Guelaya considera que se trata de un problema derivado de la excesiva confianza que la Administración ha tenido en una resolución positiva del  proyecto de ampliación del puerto, lo que probablemente ha derivado en  decisiones orientadas exclusivamente a promover el traslado de ENDESA al puerto. El continuo retraso del proyecto de ampliación ha desembocado en un importante retraso en el desarrollo de normativas en Melilla, que en el caso del medio ambiente, se han obviado significativamente.

 

La situación actual de cierre de la aduana comercial con Marruecos, con una bajada del  28% en el tráfico de contenedores que llegaron a Melilla en el mes de agosto no es un buen indicador para la ampliación del puerto, que además, no dispone todavía de resolución ambiental.

 

La autorización actual de ENDESA establece niveles máximos de emisión basados en una normativa de 1975 y no se revisa desde 2013.

 

La responsabilidad de lo que respiramos los melillenses es de la Ciudad autónoma. Para eso tiene transferidas las competencias de medio ambiente. Defender los intereses públicos quiere decir obligar a la industria a poseer las mejores técnicas disponibles.

 

Pero si las autorizaciones ambientales integrales que se le imponen a las empresas plantean niveles máximos de contaminación en términos de los años 70, donde los contaminantes que actualmente más preocupan por sus consecuencias sobre la salud, como los óxidos de nitrógeno, ni aparecen, nunca se producirán las inversiones necesarias para reducir las emisiones hasta los límites legales actuales.

 

Los óxidos de nitrógeno no están regulados en la actual autorización, algo ilegal según la actual normativa e inexplicable tras el dieselgate.

 

En septiembre de 2015, ahora hace 3 años, salió a la luz que Volkswagen había instalado ilegalmente un software para cambiar los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes en 11 millones de automóviles con motor diésel, vendidos entre 2009 y 2015. Como resultado de este fraude, sus motores habían superado con éxito los estándares de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Los vehículos implicados emiten hasta 40 veces el límite legal de óxidos de nitrógeno en condiciones reales.

 

Tras el descubrimiento del fraude, conocido como dieselgate, las consecuencias en Europa se produjeron en forma de nuevas regulaciones en las medidas de contaminación de vehículos diésel, que acaban de ponerse en funcionamiento, con la consecuencia de una caída significativa de ventas de vehículos diésel.

 

Lo que preocupa es especialmente los efectos de los óxidos de nitrógeno. Pueden producir sobre la salud humana inflamación de las vías aéreas, afecciones de órganos, como hígado o bazo, o de sistemas, como el sistema circulatorio o el inmunitario, que propician a su vez infecciones pulmonares e insuficiencias respiratorias y sobre el medio ambiente (acidificación y eutrofización de ecosistemas, afecciones metabólicas, limitación del crecimiento vegetal). Los procesos de acidificación pueden también afectar a las edificaciones.

 

En Melilla la Declaración ambiental de ENDESA de 2017 declara la emisión de 2.968,70 t de NOx, el equivalente según las normas Euro6 actuales de 2.500 vehículos que hagan 20.000 Kms, y muchos más si no cumplen las normas Euro6.

 

Si tenemos en cuenta que el 70% de la contaminación atmosférica en las ciudades es causada por el tráfico en las ciudades, y Melilla tiene un parque móvil de más de 40.000 vehículos, al añadir en nuestro caso las emisiones de ENDESA en pleno centro urbano, y de REMESA en la incineradora, igualmente en el casco urbano, es lógico pensar que los niveles de NOx en el aire de Melilla supongan un problema, sobre todo si no se miden todos los días y no se regulan. Los NOx son, además, precursores de otro contaminante, el ozono, que también presenta en Melilla picos alarmantes.

 

Tras el expediente que se abrió a ENDESA  por malos olores, las medidas adoptadas no han resuelto el problema.

 

Ni siquiera el problema de los malos olores de ENDESA ha desaparecido, a pesar de que se adoptaron medidas. La apertura de un expediente informativo por parte de la Consejería a ENDESA tampoco ha resuelto el problema.

 

Por ello, desde Guelaya-Ecologistas en Acción urgimos a la Consejería de Medio Ambiente a que se dictamine con celeridad una nueva Autorización Ambiental Integrada para Endesa y Remesa, en la que se le obligue a mantener sus emisiones contaminantes dentro de los límites legales actuales.

 

melilla-y-chimeneas-de-endesa

 

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