Día: 13 septiembre, 2018
Melilla mantiene en vigor el reglamento de silvestrismo declarado ilegal hace 2 meses en toda España por la Comisión europea
- El reglamento de silvestrismo que fue aprobado en Melilla en el BOME núm. 4.538, de 12 de septiembre de 2008, sigue vigente porque no se ha tomado ninguna medida para prohibir la captura de fringilidos en Melilla.
- El plazo para la prohibición otorgado por la Comisión europea terminó el 17 de julio pasado.
- El dictamen razonado de la Comisión Europea amenazanando con sanción económica se conoció en mayo pasado.
- En caso de que no se retire el reglamento que permite en Melilla capturar fingílidos, España puede ser castigada con multa.
Guelaya Ecologistas en Acción, que manifestó su satisfacción por el dictamen de la Comisión europea, por entrar en controversia con la Directiva Aves, observa que el reglamento publicado en el BOME no ha sido sustituido por una orden de prohibición ni por otro reglamento.
De esta manera, la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente crea un problema innecesario ya que no podrá “castigar” la captura de fringílidos ante denuncias, como las que Guelaya ha anunciado en caso de se sigan cazando aves con redes en Melilla, porque mantiene vigente el reglamento publicado en el BOME.
Quien hace la ley hace la trampa. Si se mantiene en vigor el reglamento de silvestrismo, que autoriza la captura de fringílidos en Melilla, la Consejería no podrá multar a los silvestristas, en un caso claro de negarse a acatar el dictamen de la Comisión Europea.
La consecuencia de esta actitud es la posibilidad de que España sea multada por la Comisión, pues ya tiene un procedimiento sancionador abierto por este motivo.
En el caso de Melilla, no cabe pensar que el silvestrismo se dedica a la captura de hembras para asegurar en cautividad las poblaciones de las aves en Melilla, el argumento principal de los defensores del silvestrismo. Los datos que ha ofrecido la Consejería a la Comisión europea señala que prácticamente no se capturan hembras en Melilla, sino machos.
Por otro lado, la Consejería no posee ninguna información sobre el tamaño de las poblaciones de fringílidos en Melilla, motivo por el cual no puede aportar ningún argumento técnico que permita pensar que el silvestrismo es algo positivo para la conservación de las aves, ni puede argumentar la necesidad de cría en cautividad de fringílidos en Melilla.
Las tendencias de las poblaciones de algunas especies de fringílidos en España, como referencia para Melilla, es a la baja. La poblaciones de pardillo y verdecillo han disminuido desde 1998 a 2013 un 12% y 16% respectivamente. Sin embargo, en Melilla se incluyeron en el reglamento que hace posible su captura.
Por ello, Guelaya espera que el reglamento sobre silvestrismo en Melilla deje de estar vigente urgentemente, para lo cual se deberá presentar en un Pleno de la Asamblea la correspondiente moción, para su publicación posterior en el BOME.
Guelaya pide a la Consejería de Medio Ambiente que renueve la Autorización Ambiental Integrada de ENDESA y REMESA y aplique los límites de emisiones de gases contaminantes de la normativa actual.
ENDESA y REMESA siguen teniendo caducada su Autorización Ambiental Integrada tras acordar la Consejería, en una reunión con Guelaya en junio de 2016, una nueva regulación.
Guelaya califica de falta de voluntad política la protección del medio ambiente y de la salud pública que se ofrece a los melillenses desde la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente.
No puede ser de otra manera. Dos años esperando a resolver un problema de calidad del aire tras acordar una solución no pueden ser causalidad, sino abandono y falta de cumplimiento de lo hablado.
La calidad del aire parece que sigue en Melilla la política del avestruz, negar el problema, evitar tener datos para tomar decisiones, no medir la calidad del aire que respiramos ni controlar la emisión de contaminantes en las principales industrias que contaminan en Melilla.
Guelaya considera que se trata de un problema derivado de la excesiva confianza que la Administración ha tenido en una resolución positiva del proyecto de ampliación del puerto, lo que probablemente ha derivado en decisiones orientadas exclusivamente a promover el traslado de ENDESA al puerto. El continuo retraso del proyecto de ampliación ha desembocado en un importante retraso en el desarrollo de normativas en Melilla, que en el caso del medio ambiente, se han obviado significativamente.
La situación actual de cierre de la aduana comercial con Marruecos, con una bajada del 28% en el tráfico de contenedores que llegaron a Melilla en el mes de agosto no es un buen indicador para la ampliación del puerto, que además, no dispone todavía de resolución ambiental.
La autorización actual de ENDESA establece niveles máximos de emisión basados en una normativa de 1975 y no se revisa desde 2013.
La responsabilidad de lo que respiramos los melillenses es de la Ciudad autónoma. Para eso tiene transferidas las competencias de medio ambiente. Defender los intereses públicos quiere decir obligar a la industria a poseer las mejores técnicas disponibles.
Pero si las autorizaciones ambientales integrales que se le imponen a las empresas plantean niveles máximos de contaminación en términos de los años 70, donde los contaminantes que actualmente más preocupan por sus consecuencias sobre la salud, como los óxidos de nitrógeno, ni aparecen, nunca se producirán las inversiones necesarias para reducir las emisiones hasta los límites legales actuales.
Los óxidos de nitrógeno no están regulados en la actual autorización, algo ilegal según la actual normativa e inexplicable tras el dieselgate.
En septiembre de 2015, ahora hace 3 años, salió a la luz que Volkswagen había instalado ilegalmente un software para cambiar los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes en 11 millones de automóviles con motor diésel, vendidos entre 2009 y 2015. Como resultado de este fraude, sus motores habían superado con éxito los estándares de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Los vehículos implicados emiten hasta 40 veces el límite legal de óxidos de nitrógeno en condiciones reales.
Tras el descubrimiento del fraude, conocido como dieselgate, las consecuencias en Europa se produjeron en forma de nuevas regulaciones en las medidas de contaminación de vehículos diésel, que acaban de ponerse en funcionamiento, con la consecuencia de una caída significativa de ventas de vehículos diésel.
Lo que preocupa es especialmente los efectos de los óxidos de nitrógeno. Pueden producir sobre la salud humana inflamación de las vías aéreas, afecciones de órganos, como hígado o bazo, o de sistemas, como el sistema circulatorio o el inmunitario, que propician a su vez infecciones pulmonares e insuficiencias respiratorias y sobre el medio ambiente (acidificación y eutrofización de ecosistemas, afecciones metabólicas, limitación del crecimiento vegetal). Los procesos de acidificación pueden también afectar a las edificaciones.
En Melilla la Declaración ambiental de ENDESA de 2017 declara la emisión de 2.968,70 t de NOx, el equivalente según las normas Euro6 actuales de 2.500 vehículos que hagan 20.000 Kms, y muchos más si no cumplen las normas Euro6.
Si tenemos en cuenta que el 70% de la contaminación atmosférica en las ciudades es causada por el tráfico en las ciudades, y Melilla tiene un parque móvil de más de 40.000 vehículos, al añadir en nuestro caso las emisiones de ENDESA en pleno centro urbano, y de REMESA en la incineradora, igualmente en el casco urbano, es lógico pensar que los niveles de NOx en el aire de Melilla supongan un problema, sobre todo si no se miden todos los días y no se regulan. Los NOx son, además, precursores de otro contaminante, el ozono, que también presenta en Melilla picos alarmantes.
Tras el expediente que se abrió a ENDESA por malos olores, las medidas adoptadas no han resuelto el problema.
Ni siquiera el problema de los malos olores de ENDESA ha desaparecido, a pesar de que se adoptaron medidas. La apertura de un expediente informativo por parte de la Consejería a ENDESA tampoco ha resuelto el problema.
Por ello, desde Guelaya-Ecologistas en Acción urgimos a la Consejería de Medio Ambiente a que se dictamine con celeridad una nueva Autorización Ambiental Integrada para Endesa y Remesa, en la que se le obligue a mantener sus emisiones contaminantes dentro de los límites legales actuales.