Guelaya presentó sus propuestas sobre residuos al consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Estamos ante el fin del ciclo de la incineradora.
• Guelaya le pidió al consejero de CPM que rompa con la política del gobierno anterior en materia de residuos.
• La política que el PP ha mantenido durante 19 años a favor de la incineración no puede seguir manteniéndose ni un año más.
• No es de recibo que Guelaya tenga que presentar un recurso de alzada contra una resolución firmada por el anterior consejero en febrero antes de las elecciones y ahora tenga que ir contra un nuevo consejero porque se olvidaron de publicar en el BOME la resolución.
• La prevención y reducción de residuos y la reutilización de envases son las medidas imprescindibles para conseguir los objetivos de ahorro en la producción de emisiones de carbono en la incineradora.
El lunes 14 de octubre se celebró la primera entrevista entre el nuevo consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, transcurridos ya los primeros 100 días de mandato y un representante de Guelaya Ecologistas en Acción. Durante la entrevista, que se centró en la política pública de residuos, se entregó una carta al consejero en el que se analizaban los problemas que hereda del Gobierno anterior y que ahora son de su responsabilidad, y las propuestas de actuación que Guelaya pedirá a la consejería durante los próximos cuatro años.
Los ecologistas entienden que el cambio de signo político de la consejería es una oportunidad para cortar con la nefasta política de residuos que los gobiernos anteriores han mantenido, priorizando la salud económica de la empresa REMESA, que gestiona la incineradora, y manteniendo la incineradora al límite de su capacidad de incineración, lo que ha retrasado durante 12 años la puesta en marcha de los planes de reciclaje. De hecho, estos planes todavía no terminan de completarse cuatro años después de la obligación de instalar en las calles el contenedor amarillo.
Los datos sobre los incumplimientos en el reciclaje de envases plásticos son elocuentes y comenzaron en 2008, fecha en la que se estableció el objetivo mínimo en España de reciclar el 22.5% de los envases plásticos. Posteriormente, la nueva ley de residuos elevó al 50% el porcentaje de reciclaje y obligó a poner contenedores amarillos en las calles a partir de 2015.
En septiembre de 2015 Guelaya reclamó este incumplimiento al anterior consejero, y trascurrido su mandato, todavía no se ha terminado de instalar las infraestructuras necesarias para poder cumplir con el objetivo de llevarse a la península el 50% de los plásticos.
La política que hereda el nuevo consejero de medio ambiente ha provocado que se queme innecesariamente desde 2008 la cantidad de 18.078.43 toneladas de envases plásticos para «alimentar» a la incineradora. Nos ha costado más de un millón de euros, 1.141.205,87.
Guelaya espera que la política de residuos de Melilla se aparte de la incineradora lo más rápidamente posible, y establezca como prioridades:
1.- Priorizar la puesta en marcha del Plan de Prevención de Residuos del Plan Integral.
2.- Priorizar la puesta en marcha de acuerdos para implantar en Melilla un sistema de retorno de envases con grandes superficies y pequeños comercios y prohibir las bolsas de plástico y los plásticos de usar y tirar.
3.- Cumplir con los objetivos legales de reciclaje y envío a la península de materiales.
4.- Incorporar la recogida selectiva de bioresiduos (materia orgánica) y determinar si se van a enviar a la península o se va a instalar una planta de digestión anaeróbica con producción de energía.
5.- Sustituir la electricidad que va a dejar de producir la incineradora por la producción de electricidad en Melilla de energías renovables.
6.- Planificar el cierre de la incineradora de Melilla
7.- Y sobre el recurso de alzada ante el convenio con Ecoembes:
Que la consejería aporte a Guelaya los informes de seguimiento del tratamiento de los residuos que establece la ley 22/2011 que hemos demandado en el recurso de alzada.
Sacar a información pública el convenio que se acuerde con ECOEMBES y abrir un plazo de evaluación ambiental del convenio y presentación de alegaciones para que se pueda hacer efectiva el derecho a la información ambiental y la participación social en materia de residuos.