Guelaya Ecologistas en Acción Melilla

A la espera de los resultados de la investigación que ha iniciado la Fiscalía en la incineradora por una denuncia de Guelaya

Posted on 26 noviembre, 2019 Actualizado enn 26 noviembre, 2019

• Hace casi un año que se presentó la denuncia y los ecologistas esperan que los análisis realizados a los residuos de la incineradora les den la razón.

• No atender a las alegaciones de Guelaya puede costar a la Ciudad millones de euros en traslado a vertederos de la península de las escorias de la incineradora, además de las consecuencias para la salud de respirar en el paseo de Horcas el polvo que el viento levanta de las escorias.

Hace año y medio que Guelaya presentó sus alegaciones, que se publicaron en el BOME 5559 de 26 de junio de 2018. El problema consistía en la colmatación del vertedero de residuos no peligrosos que se abrió en 2014 como almacenamiento temporal para albergar las escorias de la incineradora de Melilla, que no podían ser vertidas como residuos inertes.

Sin embargo, el vaso se preparó como vertedero específico con el presupuesto base de licitación de 215.978,65 €

Trascurridos 4 años del comienzo de su actividad, la consejería decidió obviar los parámetros de las escorias que sobrepasan los niveles límite para ser considerados inertes  y comenzó a verter las escorias como si fueran escombros, a pesar de haber gastado previamente casi un cuarto de millón de euros en un almacenamiento temporal. O bien la construcción de un vertedero específico para escorias fue un gasto inútil de dinero público o bien se están vertiendo ilegalmente las escorias como si fueran inertes.

Los ecologistas denunciaron los hechos ante la Fiscalía, que abrió un expediente informativo que ha incluido la correspondiente investigación en la cual se han recogido análisis de muestras que han sido enviadas a laboratorios de la península.

Con estos análisis se pretende clasificar las escorias como residuos peligrosos, no peligrosos o inertes. Guelaya ha planteado sus dudas sobre si se trata de residuos peligrosos o no peligrosos pero bajo ningún concepto se pueden catalogar como inertes, como se desprende de los mismos análisis que la consejería ha puesto en información pública (“las escorias cumplen con los criterios para vertederos de inertes a excepción del contenido de cloruros y fluoruros y antimonio lixiviable”).

Además, los análisis se refieren a residuos “madurados” previamente durante meses, pero la gestión del vertido se está realizando sin seguir ese trámite que estaba incluido en la evaluación ambiental y por tanto es de obligado cumplimiento. Puede comprobarse que las escorias recién vertidas son más oscuras que las que han sido vertidas tiempo antes como prueba de la falta de “maduración”.

Los ecologistas demandan el envío a la península de las escorias del vertedero de escorias abierto en  2014 que se colmató hace casi año y medio  a cargo del Estado siguiendo la disposición adicional tercera  de la ley  22/2011 de residuos, pero la Consejería, como autoridad ambiental responsable, no atendió a las alegaciones presentadas en 2018.

Esta sería la solución en este momento. Si las escorias acumuladas en el vertedero de inertes y en el vaso de residuos no peligrosos desde 2014 se envían a vertederos de la península a cargo del Estado tal como la ley de residuos incluye, quedaría espacio disponible para el almacenamiento temporal de escorias.

La producción estimada de escorias es de 17 toneladas/día. La responsabilidad que la consejería ha contraído es la de trasladar 37.200 toneladas de escorias aproximadamente, que son las que se han vertido provisionalmente durante 6 años. Es decir, 4.380 contenedores de 8.5 toneladas. Una absoluta irresponsabilidad de los gestores de la Ciudad Autónoma para con las generaciones que tienen que seguir viviendo en Melilla.

Otra cosa distinta que podría agravar el problema es que como consecuencia de la investigación se demuestre que las escorias no han sido tratadas adecuadamente antes de 2014, ya que la incineradora funciona desde el siglo pasado y al menos desde 2011, con la publicación de la Ley de Residuos, la normativa sobre escorias antes de 2014 es la misma que en la actualidad.